Si es un salvataje, mostremos la cuenta

Una política cultural también tiene que mostrar su costo.

La discusión sobre el precio único del libro cambió de escala otra vez.

Telenoche informó que Blanca Rodríguez acompaña el proyecto impulsado por representantes de la Cámara Uruguaya del Libro y lo presentó, en palabras de la senadora, como una forma de «salvataje» para las librerías chicas.¹

La palabra importa.

Si es un salvataje, mostremos la cuenta.

¿A quién se salva exactamente? ¿Con qué instrumento? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién fija el precio que después todos deberán respetar? ¿Quién pierde descuentos? ¿Quién gana margen? ¿Qué pasa con lectores, autores, bibliotecas, ferias, usados, librerías del interior y venta directa? ¿Qué actor grande también queda protegido por una medida presentada en nombre de los chicos?

No son preguntas contra las librerías.

Son preguntas mínimas cuando una preocupación legítima quiere convertirse en ley.

Las librerías chicas tienen problemas reales. Pagan alquiler, sostienen stock, atienden público, recomiendan, organizan actividades, hacen pedidos, explican libros, arman comunidad y compiten contra actores que tienen más escala, más espalda financiera, más logística, más pauta y mejores condiciones bancarias. Negar eso sería absurdo.

Pero reconocer el problema no alcanza para aceptar cualquier solución.

El precio único no crea dinero nuevo para las librerías. Ordena una transferencia. Si un lector que hoy compra con 20% o 25% de descuento mañana solo puede comprar con 10%, ese lector paga más precio efectivo. Puede haber quien crea que ese costo se justifica para sostener librerías. Bien: que lo diga de frente. Que explique cómo se compensa. Que muestre qué beneficio cultural concreto aparece del otro lado.

Lo que no sirve es presentar la medida como si no tuviera costo.

El costo existe, aunque no aparezca como subsidio en el presupuesto.

La propia Cámara publicó un documento con articulado posible: el editor, importador o representante fijaría un PVP uniforme; los descuentos quedarían limitados al 10%; los descuentos mayores podrían hacerse recién después de 18 meses; la Dirección Nacional de Cultura, a través del Instituto Nacional de Letras, sería autoridad de aplicación; habría multas y hasta clausura.²

Eso actualiza la discusión.

El problema ya no es solo pedir que aparezca un texto. Hay un texto. La pregunta ahora es otra: ¿ese es el proyecto que entrará al Parlamento? ¿Con qué cambios? ¿Quién lo redactó? ¿Qué actores fueron consultados? ¿Qué dice el estudio de impacto sobre precios efectivos, lectores sensibles al precio, interior, usados, bibliotecas, autores, plataformas e informalidad?

También hay un diagnóstico presentado por la Cámara sobre mercado del libro, prácticas comerciales y hábitos de consumo.³ Bienvenido sea. Pero un diagnóstico no sustituye el debate democrático. Al contrario: debería abrirlo.

Porque si el problema principal son las promociones bancarias, las plataformas, los descuentos financiados por terceros y la informalidad, entonces hay medidas más directas para discutir: condiciones no discriminatorias para promociones de tarjetas, transparencia sobre quién financia los descuentos, regulación de marketplaces, reducción de costos de medios de pago para librerías pequeñas, compras públicas con criterio territorial, bonos de lectura, fondos para programación cultural, apoyo logístico y herramientas digitales cooperativas.

Ninguna de esas medidas exige, por sí misma, convertir todo el precio del libro nuevo en obligación uniforme.

Puede discutirse el precio único. No hay que convertirlo en tabú. Pero tampoco hay que convertirlo en contraseña moral. Francia, España, Argentina o México no son estampitas que clausuran la conversación. Cada país tiene reglas, escalas, instituciones, bibliotecas, compras públicas, mercados editoriales y condiciones de distribución distintas.

Copiar una restricción es fácil.

Construir una política del libro es bastante más difícil.

Por eso el Parlamento debería empezar por una regla simple: si la ley se presenta como salvataje de librerías chicas, la cuenta tiene que estar sobre la mesa.

Cuenta económica: quién paga y quién cobra.

Cuenta institucional: quién fija, quién controla y quién sanciona.

Cuenta cultural: qué cambia para que haya más lectura, más acceso, más catálogo, más autores leídos y más librerías vivas.

Cuenta democrática: quiénes fueron escuchados y quiénes siguen afuera.

El libro merece protección. Las librerías también. Pero una política cultural no se mide por la nobleza de la palabra que invoca, sino por el diseño concreto que propone.

Si es un salvataje, no lo escondamos dentro del precio de tapa.

Mostremos la cuenta.