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Álvaro Risso no puede ser la mesa Álvaro Risso y el problema institucional de la mesa del libro

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Hay nombres que, de pronto, dejan de ser nombres propios y se vuelven una pregunta pública.

Álvaro Risso es uno de esos nombres.

No porque haya que convertirlo en villano de folletín. No porque una discusión seria necesite un enemigo con bigote, música ominosa y una silla giratoria. No porque el país deba reemplazar el análisis por una escena de escarnio. Nada de eso sirve. Nada de eso sostiene una política cultural.

Pero tampoco sirve lo contrario: fingir que los nombres no importan.

Cuando una institución habla en nombre del libro, los nombres importan. Importa quién preside, quién redacta, quién empuja, quién negocia, quién aparece en televisión, quién pide una ley, quién invoca la bibliodiversidad, quién habla de cultura, quién tiene intereses económicos concretos dentro del mismo campo que pretende ordenar.

En la discusión sobre una posible ley de precio único del libro en Uruguay, Álvaro Risso no es un personaje lateral. Es una figura central. La propia Cámara Uruguaya del Libro lo muestra en su directorio por Linardi y Risso.1 En entrevistas públicas aparece como una de las voces autorizadas para defender la posición del sector.2

Entonces la pregunta no es personal.

Es institucional.

¿Puede Álvaro Risso conducir, simbolizar o empujar una discusión sobre el futuro legal del libro en Uruguay sin responder antes preguntas públicas sobre representación, patrimonio, capital y poder?

Mi respuesta es no.

Mesa institucional incompleta sobre un libro abierto, con una silla central y actores esperando afuera

El problema no es que Risso hable. El problema es que una silla pretenda representar la mesa entera.

No es un asunto personal

Conviene decirlo desde el principio: Álvaro Risso tiene derecho a hablar.

Tiene derecho a defender su negocio.

Tiene derecho a defender la Cámara Uruguaya del Libro.

Tiene derecho a creer que una ley de precio único es buena para el sector.

Tiene derecho a equivocarse.

Lo que no debería pasar, ni con él ni con nadie, es que una voz ocupe el centro de una discusión pública como si su posición institucional equivaliera al ecosistema completo del libro.

Ese es el punto.

Una cámara empresarial o gremial puede ser una interlocutora legítima. Puede tener historia, información, experiencia, vínculos, trabajo acumulado y razones atendibles. Pero no es el país. No es el Parlamento. No es una asamblea de lectores. No es una red de bibliotecas. No es una representación de autores. No es el conjunto de ferias, usados, editoriales pequeñas, librerías del interior, docentes, clubes de lectura, vendedores independientes y lectores que compran donde pueden, como pueden, cuando pueden.

La Cámara puede hablar.

Risso puede hablar.

Lo que no puede pasar es que esa voz sea tratada como si cerrara la discusión.

Y menos todavía cuando esa voz no habla desde un aire puro, sino desde una historia concreta de comercio especializado, patrimonio documental, prestigio cultural y capital.

El apellido, la librería y el capital

Linardi y Risso no nació con Risso.

La historia pública de la firma muestra una genealogía anterior. Una semblanza de la Biblioteca del Museo del Romanticismo reconstruye el origen de la librería de viejo en 1944, vinculada a Adolfo Linardi, y ubica la incorporación de Juan Ignacio Risso en 1952.3 El texto oficial de agradecimiento publicado por el MEC cuando la firma recibió el Premio Día Nacional del Libro 2014 también recuerda la secuencia Salamanca, Linardi y luego Linardi y Risso.4

No menciono esto para negar el valor de la librería.

Lo menciono para sacar la discusión del cuento romántico.

Una librería puede ser cultura y comercio al mismo tiempo. Puede ser oficio, catálogo, archivo, intuición, conversación, dinero, propiedad, sociedad, herencia, compra y venta. Puede ser un lugar noble y una empresa. Puede cuidar libros y mover capital. Puede salvar papeles y vender papeles.

El problema empieza cuando una parte del mundo del libro invoca solo la zona noble de su biografía y deja la otra fuera de cuadro detrás de palabras altas.

Capital no es una mala palabra.

Pero tampoco es una palabra menor.

Si vamos a discutir una ley que ordenaría precios, descuentos, márgenes, plataformas y condiciones de venta, el capital tiene que aparecer en el relato. Porque una ley de precio único no es una meditación sobre la belleza del libro. Es una norma económica. Cambia incentivos. Reparte poder. Define quién puede bajar precio, quién no, quién fija, quién obedece y quién fiscaliza.

Por eso importa quién la impulsa.

Por eso importa desde qué silla habla.

Los papeles de Idea

Hay un episodio público que vuelve todo esto mucho más incómodo.

En 2019, Ana Inés Larre Borges publicó en Brecha una nota sobre la compra, por parte de Princeton, de documentos privados de Idea Vilariño.5 Según esa investigación, Linardi y Risso intermedió la operación. En esa misma nota se consigna que Álvaro Risso confirmó la venta, pidió destacar la buena fe de las partes y defendió la pertinencia de Princeton como destino institucional para ese archivo.5

La discusión tuvo una aclaración posterior en el mismo semanario, firmada por Pablo Rocca.6

Otra vez: no estoy diciendo delito.

No estoy diciendo ilegalidad.

No estoy diciendo mala fe.

Estoy diciendo algo más difícil de barrer: hay un antecedente público que obliga a preguntar qué entiende Álvaro Risso por patrimonio cultural, por circulación de bienes documentales y por responsabilidad local frente a la memoria literaria uruguaya.

Porque Idea Vilariño no es un nombre cualquiera.

No estamos hablando de una caja cualquiera.

No estamos hablando de papeles indiferentes.

Estamos hablando de materiales vinculados a una autora central de la literatura uruguaya. Y cuando alguien que aparece públicamente relacionado con la intermediación de esa salida del país se coloca hoy como voz cultural autorizada para pedir una ley sobre el libro, la pregunta no es caprichosa.

Es inevitable.

¿Qué idea de cultura defiende?

¿Qué idea de patrimonio defiende?

¿Qué idea de país defiende?

¿Qué queda en Uruguay y qué se va?

¿Qué se protege y qué se vende?

¿Qué se presenta como cuidado y qué se administra como oportunidad comercial?

Manuscritos en una vitrina cerrada, llaves y manos alrededor, en estética de ex libris

No alcanza con decir «cultura». Hay que mostrar qué se hace cuando la cultura pasa por una operación concreta.

Levrero y los papeles sensibles

El caso de Idea Vilariño no queda solo.

Mario Levrero también aparece en esta conversación.

En un informe de Fulbright Uruguay, una académica relata que una conexión entre Aldo Mazzucchelli, Álvaro Risso, de Linardi y Risso, y ella hizo posible que la biblioteca de la Universidad de Notre Dame adquiriera la colección del autor uruguayo Mario Levrero.7

Revista REA reconstruyó después otra parte de la historia del archivo Levrero. Según esa nota, la familia estaba en tratativas con la Universidad de Notre Dame, interesada en comprar los manuscritos del escritor; el acuerdo por esos manuscritos se cerró en marzo de 2019; y otra parte del archivo —biblioteca, revistas, computadora, documentos digitales— terminó rumbo a la Universidad Nacional de Rosario.8

En esa odisea posterior, la nota menciona a Linardi y Risso como despachante uruguayo del traslado hacia Rosario.9

Otra vez, para que no se confunda la pregunta: no estoy diciendo delito, irregularidad ni mala fe.

Estoy diciendo que ya no hablamos de un único episodio incómodo. Hablamos de una trayectoria pública vinculada a archivos, manuscritos, bibliotecas de autor y circulación internacional de memoria literaria uruguaya.

Y hay otro plano todavía más sensible.

En un catálogo de Linardi y Risso titulado «Minorías en el Uruguay: aborígenes y afrodescendientes», aparecen impresos y manuscritos históricos ofrecidos con precio en dólares.10 Entre ellos figuran documentos vinculados a la esclavitud en el Uruguay del siglo XIX: una patente de navegación con información de tripulantes esclavizados; una hijuela testamentaria que incluye a una mujer nombrada como «Mulata Rosalía» y su valor; documentos legales de venta de personas esclavizadas; poderes para vender esclavos; y un documento oficial de un capitán que informa a las autoridades que tiene cinco esclavos a bordo.10

La escena no necesita exageración.

Un papel donde una persona aparece como propiedad vuelve a tener precio.

Un documento que registra la compraventa de un ser humano entra en otro circuito de compraventa.

Eso puede ser legal. Puede ser habitual en el comercio de papeles antiguos. Puede tener valor documental. Puede terminar conservado por una institución, un investigador o un coleccionista.

Pero justamente por eso exige criterios públicos.

Si una voz del comercio especializado ocupa el centro de una discusión legislativa en nombre de la cultura, no alcanza con preguntarle por el precio del libro nuevo. Hay que preguntarle también qué cree que debe pasar con los archivos literarios, los manuscritos, las bibliotecas de autor y los documentos históricos sensibles.

¿Se ofrecen primero a instituciones públicas uruguayas?

¿Se digitalizan antes de circular?

¿Existe trazabilidad?

¿La Cámara Uruguaya del Libro tiene una posición sobre patrimonio documental?

¿O la urgencia cultural aparece solo cuando se trata de regular el precio de venta al público?

La palabra bibliodiversidad

La palabra «bibliodiversidad» suena bien.

Quién podría estar en contra.

Yo no estoy en contra.

Quiero más bibliodiversidad. Quiero librerías vivas. Quiero editoriales pequeñas. Quiero lectores con acceso. Quiero ferias. Quiero bibliotecas públicas fuertes. Quiero circulación de usados. Quiero autores mejor pagos. Quiero traductores visibles. Quiero docentes con libros. Quiero interior. Quiero periferia. Quiero que un libro no dependa siempre de una capital, de una tarjeta, de una plataforma o de una vidriera cara.

Pero justamente por eso la palabra no puede quedar en manos de quien la usa como escudo.

Cuando Risso o la Cámara hablan de bibliodiversidad, hay que preguntar bibliodiversidad para quién. Bibliodiversidad en qué canales. Bibliodiversidad con qué márgenes. Bibliodiversidad con qué política pública. Bibliodiversidad con qué bibliotecas. Bibliodiversidad con qué lectores. Bibliodiversidad con qué autores. Bibliodiversidad con qué usados. Bibliodiversidad con qué ferias. Bibliodiversidad con qué editoriales que no están sentadas en la Cámara.

Y también hay que preguntar algo más incómodo: ¿puede hablarse de bibliodiversidad mientras una discusión sobre el libro queda capturada por pocos actores, pocas voces y pocas sillas?

Yo no acepto esa palabra como contraseña moral.

No alcanza con pronunciarla.

Hay que merecerla.

El libro no es una milanesa

En una entrevista televisiva, Risso dijo una frase eficaz: «El libro no es una milanesa».11

Fragmento de la entrevista de Teledoce / YouTube citado para comentario crítico.
Diseño humorístico de remera con la frase El libro no es una milanesa, atribuida a Álvaro Risso
Homenaje humorístico a la frase de Álvaro Risso: nadie quiere empanar libros; la comparación simplemente pedía remera.

Tiene razón.

El libro no es una milanesa.

Pero una frase buena no hace una política pública buena.

El libro no es una milanesa y tampoco es una coartada.

No es una coartada para no mostrar el texto completo del proyecto.

No es una coartada para no explicar quién participó en su redacción.

No es una coartada para no declarar intereses.

No es una coartada para no convocar a lectores, autores, bibliotecas, ferias, usados, docentes, editoriales pequeñas, librerías del interior y consumidores.

No es una coartada para que una Cámara que reúne librerías, editoriales y distribuidoras se presente como si fuera «el libro» entero.

No es una coartada para que el precio, que tocaría a todo el mundo lector, se discuta desde una mesa demasiado chica.

Una frase cultural puede abrir una conversación.

No puede reemplazarla.

Y acá la conversación todavía no empezó en serio.

Empezó una campaña.

Empezó una presión.

Empezó una defensa gremial.

Empezaron entrevistas donde casi nadie preguntó lo suficiente.

Pero una conversación pública de verdad exige otra cosa: papeles sobre la mesa. Texto completo. Actores convocados. Conflictos de interés. Impacto sobre lectores. Impacto sobre usados. Impacto sobre ferias. Impacto sobre editoriales chicas. Impacto sobre librerías no asociadas. Impacto sobre bibliotecas. Impacto sobre el interior.

Y exige una pregunta final:

¿por qué Álvaro Risso debería conducir esta discusión?

Lo que debería pasar ahora

No pido censura.

No pido linchamiento.

No pido que Álvaro Risso desaparezca de la conversación.

Pido algo mucho más razonable, y por eso mismo mucho más difícil de esquivar: que dé un paso al costado de la conducción pública de este proceso hasta responder preguntas institucionales básicas.

Que explique su lugar.

Que explique sus intereses.

Que explique qué rol tuvo en la redacción o impulso del proyecto.

Que explique cómo se separa una defensa cultural del libro de los intereses comerciales de quienes integran la Cámara.

Que explique qué garantías hay para que una ley de precio único no fortalezca a actores que ya tienen más poder aguas arriba.

Que explique qué lugar tendrán lectores, autores, bibliotecas, usados, ferias, editoriales pequeñas, librerías no asociadas y librerías del interior.

Que explique, también, qué entiende por patrimonio cultural después del episodio público de los papeles de Idea Vilariño, las referencias al archivo Levrero y el catálogo de documentos históricos sensibles ofrecidos por Linardi y Risso.

Puede responder bien.

Puede convencer.

Puede corregir.

Puede abrir la mesa.

Pero mientras eso no ocurra, su centralidad es un problema.

No porque sea Álvaro Risso.

Sino porque ninguna persona, ninguna firma y ninguna cámara deberían quedar en condiciones de empujar casi a solas una ley que afectaría la circulación entera del libro en Uruguay.

La pregunta que Uruguay tiene delante no es si Risso ama los libros.

La pregunta es si alcanza con amar, vender, comprar, archivar o representar libros para conducir una política pública sobre ellos.

Yo creo que no.

El libro necesita una mesa más grande.

Y Álvaro Risso no puede ser la mesa.

Martín Álvarez
Tremendos Libros
@unfalsoguru

Referencias

Footnotes

  1. Cámara Uruguaya del Libro, página institucional, consultada el 4 de mayo de 2026.

  2. Teledoce, «El presente de las librerías independientes y la competencia de las plataformas», 29 de abril de 2026.

  3. Biblioteca del Museo del Romanticismo, «Pasión por lo raro», 2021.

  4. Ministerio de Educación y Cultura, «Palabras de agradecimiento por el Premio Día Nacional del Libro 2014», 2014.

  5. Ana Inés Larre Borges, «Los papeles de Idea», Brecha, 26 de abril de 2019. 2

  6. Pablo Rocca, «Aclaración», Brecha, 3 de mayo de 2019.

  7. Fulbright Uruguay, Fulbright Uruguay 60th Anniversary, p. 106.

  8. Osvaldo Aguirre, «El archivo luminoso», Revista REA, 16 de junio de 2024.

  9. Osvaldo Aguirre, «El archivo luminoso», Revista REA, 16 de junio de 2024. La nota menciona a Linardi y Risso como despachante uruguayo en el traslado del material a Rosario.

  10. Linardi y Risso, «Minorías en el Uruguay: aborígenes y afrodescendientes», catálogo consultado el 6 de mayo de 2026. 2

  11. Teledoce / YouTube, «El presente de las librerías independientes y la competencia de las plataformas», entrevista a Álvaro Risso y Martín Seoane.

Mesa de trabajo con documentos, libros y archivo en una composición sobria sobre patrimonio cultural

Álvaro Risso ocupa un lugar visible en el debate uruguayo sobre el libro. Como referente de Linardi y Risso y presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, su voz tiene trayectoria, conocimiento del mercado y peso institucional. Precisamente por eso, el debate no debería depender de una sola figura.

El problema no es personal. Risso puede y debe integrar la conversación. La pregunta es institucional: una política pública sobre el precio del libro nuevo no puede construirse como si la experiencia de una librería histórica representara por sí sola la totalidad del ecosistema.

La historia de Linardi y Risso también abre otra dimensión del debate: el vínculo entre mercado, archivo y patrimonio. La circulación de documentos, bibliotecas personales, manuscritos y materiales raros muestra que el libro no es solo una mercancía nueva en una cadena comercial. También es memoria, investigación, conservación y disputa pública sobre el destino de los papeles.

Representación y patrimonio

Cuando se discute bibliodiversidad, conviene preguntar qué diversidad se nombra. No alcanza con proteger librerías si quedan fuera autores, lectores, usados, bibliotecas, editoriales pequeñas, archivos y formas no comerciales de circulación.

El caso de archivos literarios y documentos patrimoniales permite ver un límite de la discusión centrada en el precio. Hay materiales cuyo valor cultural no se explica por el precio de tapa ni por la competencia entre plataformas y librerías. Exigen políticas de preservación, acceso, adquisición pública y criterios de memoria.

Una mesa plural

La presencia de Risso en la discusión puede aportar experiencia. Pero la mesa no puede ser Risso ni la Cámara solamente. Debe reunir voces con intereses distintos y, en algunos casos, contrapuestos.

Una política cultural madura no elimina los intereses sectoriales. Los hace explícitos y los obliga a dialogar con el interés general.

El debate sobre el libro necesita instituciones, no personalismos. Y necesita una mesa donde el patrimonio, la lectura y el acceso tengan el mismo peso que la supervivencia comercial de un sector.



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