La discusión sobre el precio único del libro cambió de lugar.
Ya no es solamente un comunicado en redes.
Ya no es solamente una entrevista de televisión.
Ya no es solamente una preocupación legítima de librerías independientes frente a descuentos, tarjetas, plataformas y asimetrías comerciales.
En una entrevista publicada por Medios Públicos el 4 de mayo de 2026, Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, dijo que el texto ya fue presentado en la Comisión de Cultura del Senado, que Blanca Rodríguez tiene el documento y que está prevista una reunión con el ministro José Carlos Mahía a mediados de mayo.1
Eso cambia el estándar.
Si el proyecto ya camina hacia el Parlamento, la discusión no puede seguir funcionando como campaña. Tiene que funcionar como política pública.
Y una política pública empieza por algo elemental:
publiquen el texto.
No alcanza con decir que hay mayoría
La entrevista deja una zona que necesita luz.
Leonardo Silveira, de Pocitos Libros, actualizó el número de librerías que apoyan la carta: ya no serían casi veinte, sino casi treinta y más. También dijo que hay librerías del interior, entre ellas de Maldonado y Paysandú.1
Eso importa.
Pero no alcanza.
Risso, por su parte, reconoció que no hay unanimidad en la Cámara, aunque sí habló de una mayoría importante de socios y también de apoyos de no socios.1
Entonces la pregunta no es agresiva. Es básica:
¿mayoría de quiénes?
¿Cuáles librerías firmaron?
¿Cuáles participaron en la comisión?
¿Qué editoriales participaron?
¿Qué distribuidoras participaron?
¿Qué grandes empresas apoyan?
¿Quiénes discreparon?
¿Qué actas existen?
¿Qué texto exacto fue presentado?
Una cámara gremial puede producir acuerdos legítimos. Pero cuando esos acuerdos buscan convertirse en ley, dejan de ser un asunto interno.
La Cámara Uruguaya del Libro publica en su web que reúne libreros, editores y distribuidores.2 Su directorio incluye librerías, editoriales y grandes grupos editoriales.3 Su padrón de socios mezcla librerías pequeñas, cadenas, editoriales, distribuidoras y empresas de distinta escala.4
Eso no invalida la propuesta.
La vuelve más necesitada de transparencia.
La multinacional que apoya
Hay una frase de Silveira que no debería pasar de largo.
En la entrevista dijo que una gran editorial multinacional, una de las más grandes, también apoya la herramienta.1
Otra vez: eso no prueba nada malo.
Pero obliga a preguntar.
Si una ley se presenta públicamente como defensa de pequeñas librerías, pero también cuenta con apoyo de una multinacional editorial, el Parlamento necesita saber cuál es ese apoyo, desde dónde se formula y qué efecto económico tendría la norma para cada eslabón.
Porque el precio único no solo limita descuentos en el mostrador.
Convierte en obligatorio un precio fijado aguas arriba.
Y si editoriales, importadores o distribuidoras participan del impulso de la norma, el asunto no puede narrarse solamente como una defensa de librerías de barrio frente a plataformas.
Puede haber coincidencia de intereses.
Pero una coincidencia no elimina las diferencias de poder.
Si el problema es la tarjeta, regulen la tarjeta
El tramo más interesante de la entrevista no es el más ruidoso.
Silveira insistió en que no están contra los descuentos. Dijo que hacerle una atención a un cliente puede ser parte del vínculo librero. Y recordó que hace algunos años una tarjeta uruguaya ofrecía un descuento genérico que abarcaba a todas las librerías.1
Ese punto es central.
Porque confirma que hay medidas más directas que una ley general de precio único.
Si el problema es que algunas tarjetas bancarias ofrecen descuentos inaccesibles para librerías chicas, entonces el Estado puede discutir reglas específicas para promociones bancarias.
Puede exigir condiciones no discriminatorias.
Puede obligar a transparentar quién financia cada descuento.
Puede impedir exclusividades que concentren consumo.
Puede crear beneficios públicos para lectores que sean canjeables en librerías registradas.
Puede reducir costos de medios de pago para librerías pequeñas.
Puede apoyar promociones comunes en fechas culturales.
Nada de eso exige convertir todo el precio del libro nuevo en una obligación uniforme.
El propio argumento de Silveira abre una puerta: si una promoción genérica para todas las librerías parece posible, entonces el problema no está necesariamente en la existencia del descuento. Está en quién puede acceder a él.
Eso ya no es una discusión sobre precio único.
Es una discusión sobre bancos, condiciones comerciales y acceso equitativo a herramientas de venta.
La Noche de las Librerías no se paga prohibiendo descuentos
Risso contó una escena útil: una librería hizo una programación cultural fuerte para la Noche de las Librerías, gastó en producción, músicos, autores y amplificación, pero parte del público llegó con libros comprados en otro local cercano que ofrecía un descuento mayor y no tenía programación.1
La escena es atendible.
Quien organiza cultura sabe lo que cuesta.
Una presentación no se arma sola. Una lectura no se produce sola. Un músico no debería tocar gratis porque el libro es noble. Un autor no debería circular como decoración gratuita. Una librería que sostiene agenda cultural hace un trabajo que el precio de tapa rara vez remunera.
Pero justamente por eso la respuesta no puede ser tan indirecta.
Si el problema es que las librerías culturales ponen tiempo, espacio y dinero en actividades que benefician al ecosistema entero, entonces la política correcta debería financiar ese trabajo.
Fondos para programación.
Compras públicas vinculadas a librerías de cercanía.
Exoneraciones o apoyos específicos para actividades culturales verificables.
Circuitos barriales con presupuesto.
Convenios con autores, editoriales, bibliotecas y centros culturales.
Apoyo a la Noche de las Librerías y a actividades durante todo el año.
Ese argumento ya lo había formulado el propio Silveira en 2023, cuando reclamó apoyo estatal para generar eventos, pagar autores o músicos y aliviar costos vinculados a actividades culturales.5
Ahí hay una política mucho más precisa que el precio único.
Si la librería cumple una función cultural, financiemos esa función cultural.
No escondamos ese costo dentro de una restricción general al precio que también afecta al lector.
Falta la pregunta por el control
El conductor de la entrevista cerró señalando un punto que quedó afuera: cómo se controlaría todo esto.1
Ese no es un detalle.
Es el corazón operativo de la ley.
¿Quién fiscaliza plataformas?
¿Quién controla descuentos encubiertos?
¿Qué pasa con envíos bonificados, cupones, puntos, membresías, preventas, bundles o importaciones directas?
¿Cómo se distingue un saldo real de una liquidación simulada?
¿Qué pasa con libros nuevos vendidos como usados?
¿Qué capacidad tiene el Estado para controlar canales digitales, redes sociales y marketplaces sin terminar fiscalizando solamente a quien tiene local, factura y cartel en la puerta?
Una ley que dice defender a librerías no debería cargar sobre las librerías formales el peso de una fiscalización que no puede alcanzar al resto.
Antes de votar, esa respuesta tiene que estar escrita.
El mejor caso no alcanza
Silveira no es un blanco.
Al contrario.
Es probablemente uno de los mejores casos para defender la importancia de una librería de barrio: oficio, recomendación, memoria, actividades, vínculo con lectores, presencia territorial, comunidad.
Precisamente por eso el argumento se vuelve más fuerte.
Si el mejor caso cultural a favor de las librerías termina necesitando una ley que limita descuentos en todo el mercado del libro nuevo, entonces hay que demostrar, con datos, que esa herramienta es la más adecuada.
No alcanza con invocar la librería cultural.
Hay que probar que el precio único la salva.
Hay que probar que no encarece el acceso efectivo de lectores sensibles al precio.
Hay que probar que no fortalece desproporcionadamente a actores que fijan precios aguas arriba.
Hay que probar que las editoriales pequeñas, los autores, las bibliotecas, las ferias, el interior, los usados y los lectores quedan mejor.
Hay que probar que el Estado puede controlar lo que la ley ordena.
Y hay que abrir la mesa antes, no después.
Lo mínimo antes de avanzar
Antes de que el Parlamento trate cualquier regulación de precio único del libro nuevo, deberían cumplirse mínimos elementales:
- Publicar el texto exacto presentado o en circulación.
- Informar quiénes participaron en la comisión que lo redactó o impulsó.
- Publicar la lista de librerías, editoriales, distribuidoras y empresas que apoyan.
- Explicar qué actores discreparon o no fueron consultados.
- Convocar una audiencia pública con lectores, autores, bibliotecas, ferias, usados, librerías del interior, editoriales independientes no asociadas, consumidores y especialistas en competencia.
- Presentar un estudio de impacto sobre precios efectivos, acceso, márgenes, distribución, autores, bibliotecas, libro usado, plataformas e interior del país.
- Definir cómo se fiscalizará la norma antes de aprobar sanciones.
- Explicar qué políticas directas acompañarán a las librerías culturales: compras públicas, fondos de programación, apoyo a actividades, beneficios fiscales, herramientas digitales y condiciones bancarias equitativas.
No es mucho pedir.
Es el piso.
Una ley puede nacer de una preocupación legítima y aun así estar mal diseñada.
Una cámara puede hablar y aun así no representar todo.
Una librería puede ser culturalmente valiosa y aun así necesitar una política más precisa que una regla general de precio.
Una entrevista puede instalar un tema y aun así dejar preguntas centrales sin responder.
El precio único ya no es una conversación de redes.
Está tocando la puerta del Parlamento.
Entonces corresponde decirlo claro:
antes de legislar el precio único, publiquen el texto, declaren los intereses y abran la mesa.
Martín Álvarez Tremendos Libros @unfalsoguru
Referencias
Footnotes
-
Medios Públicos, «Librerías independientes alertan por su supervivencia y reclaman ley de precio único», entrevista a Leonardo Silveira y Álvaro Risso, 4 de mayo de 2026. Transcripción de trabajo realizada sobre el audio publicado por el medio. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
Cámara Uruguaya del Libro, página institucional, consultada el 5 de mayo de 2026. ↩
-
Cámara Uruguaya del Libro, directorio, consultado el 5 de mayo de 2026. ↩
-
Cámara Uruguaya del Libro, empresas asociadas, consultada el 5 de mayo de 2026. ↩
-
M24, «Resurgir de la literatura en Uruguay y la necesidad de respaldo a las librerías de barrio, en palabras del librero Leonardo Silveira», 26 de mayo de 2023. ↩
Antes de legislar sobre precio único del libro nuevo, el debate público necesita conocer el texto. Esa exigencia parece elemental, pero es decisiva: sin proyecto disponible, la conversación queda reducida a declaraciones, entrevistas y apoyos generales.
Una ley de este tipo puede alterar reglas comerciales y condiciones de acceso. Por lo tanto, no alcanza con discutir intenciones. Es necesario analizar artículos concretos, definiciones, excepciones, sanciones, plazos, autoridades de aplicación y mecanismos de evaluación.
La entrevista en Medios Públicos a referentes del sector mostró que la propuesta ya circula en ámbitos políticos. Ese dato vuelve más urgente la publicación del texto y la apertura de una mesa de consulta.
Transparencia de intereses
El debate también requiere declarar intereses. Las librerías, editoriales, distribuidores, plataformas, autores y lectores no ocupan el mismo lugar en la cadena. Cada actor habla desde una posición material distinta.
Esa diferencia no invalida ninguna voz. Pero debe estar visible. Una política pública no debería confundirse con la agenda de un sector, aunque ese sector tenga problemas reales.
La transparencia permite separar lo que es defensa legítima de una actividad de lo que se presenta como interés general.
La discusión que falta
Publicar el texto permitiría responder preguntas básicas: qué libros quedan alcanzados, qué descuentos se prohíben, qué excepciones se admiten, cómo se trata la venta en línea, qué ocurre con ferias, bibliotecas, compras públicas, liquidaciones y libros importados.
Sin esas respuestas, el debate se vuelve abstracto. A favor o en contra, se discute una idea más que una norma.
Legislar el libro exige más que buenas intenciones. Exige precisión, información pública y disposición a escuchar objeciones antes de convertir una consigna en ley.