El proyecto protege el mostrador

Una ley cultural no debería confundir diversidad con mostrador protegido.

El borrador de precio único del libro tiene una virtud involuntaria: cuando se lo lee entero, muestra con bastante claridad qué quiere proteger.

No protege necesariamente la lectura.

No protege necesariamente la bibliodiversidad.

No protege necesariamente a los autores, a las editoriales chicas, al lector del interior, al libro usado, a las bibliotecas ni a los catálogos de fondo.

Protege, sobre todo, una forma de vender libros.

Esa diferencia importa.

Durante semanas se presentó el precio único como una defensa de las librerías chicas frente a bancos, plataformas, descuentos agresivos y grandes jugadores. El problema existe. Las librerías independientes tienen menos espalda financiera, peores condiciones comerciales, menor escala logística y menor capacidad para absorber promociones. Nadie que conozca una librería chica puede negar eso.

Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución.

El documento difundido por la Cámara Uruguaya del Libro propone que todo editor, importador o representante establezca un precio uniforme de venta al público. Los descuentos quedarían limitados al 10%. Los descuentos mayores solo podrían aparecer después de dieciocho meses. La autoridad de aplicación podría controlar, multar y hasta clausurar establecimientos.¹

Hasta ahí, estamos ante una ley de precio fijo. Discutible, pero reconocible.

El problema más revelador aparece después.

El artículo 5 habilita los saldos luego de esos dieciocho meses, pero agrega que esos libros no se podrán vender a través de webs o plataformas masivas de venta.

Ahí se cae parte del discurso.

Porque esa frase ya no regula solo el precio. Regula el canal. No dice únicamente: no rematen novedades. Dice algo más fuerte: aun cuando el libro ya dejó de estar protegido por el plazo inicial, aun cuando se admite el saldo, ese saldo no puede circular por determinados medios.

¿A quién protege eso?

No al lector del interior, que muchas veces accede a libros por internet porque no tiene cerca una librería con fondo suficiente.

No a la librería pequeña que usa una web, Instagram, Mercado Libre o cualquier plataforma para sobrevivir fuera del tránsito peatonal montevideano.

No al catálogo de baja rotación, que precisamente necesita más canales, no menos.

No a la bibliodiversidad, si por bibliodiversidad entendemos que más libros distintos encuentren más lectores posibles.

Protege al mostrador físico frente al canal digital.

Y ese es el punto incómodo de toda la discusión.

Se invoca la bibliodiversidad, pero muchas veces se defiende un tipo de comercio que vende el mismo catálogo de novedades que todos los demás. Si varias librerías ofrecen los mismos lanzamientos, los mismos bestsellers, las mismas mesas de temporada y los mismos sellos dominantes, el precio único no produce diversidad por sí solo. Apenas administra el mismo catálogo con precio uniforme.

Una política cultural debería preguntarse otra cosa: qué libros no llegan, qué editoriales no circulan, qué autores quedan afuera, qué lectores no pueden pagar, qué bibliotecas no compran, qué librerías del interior no acceden a condiciones razonables, qué pasa con los usados, con el fondo, con la venta directa, con los clubes de lectura, con las compras públicas y con las herramientas digitales compartidas.

Nada de eso queda garantizado por fijar precios.

El proyecto mezcla problemas reales, pero los resuelve con una restricción general. Si el problema son las promociones bancarias, discutamos condiciones no discriminatorias para que una librería chica pueda acceder a campañas sin fundirse en el intento. Si el problema son plataformas que opacan responsabilidades, discutamos identificación de vendedores, facturación, garantías, trazabilidad y reglas claras. Si el problema es la informalidad, fiscalicemos informalidad. Si el problema es la concentración, miremos condiciones mayoristas, distribución, logística, pauta, medios de pago y acceso al stock.

Pero convertir todo eso en precio uniforme para el libro nuevo es otra cosa.

Es una transferencia.

Si un lector que hoy compra con 20% o 25% de descuento mañana solo puede comprar con 10%, el costo aparece en el bolsillo del lector. Puede haber quien crea que ese costo se justifica para sostener librerías. Bien. Que lo diga de frente. Que explique qué obtiene la sociedad a cambio. Que muestre cómo se mide el resultado.

Lo que no sirve es hacer pasar la transferencia por una defensa automática de la cultura.

El texto también deja intacto un punto decisivo: el poder de editores, importadores y representantes. Ellos fijarían el PVP. Pero el proyecto no regula condiciones mayoristas, márgenes, disponibilidad, exclusividades, trato discriminatorio ni acceso al catálogo para librerías pequeñas. Se supone que al estabilizar el precio minorista se ordena toda la cadena. Esa suposición es demasiado cómoda.

Una librería chica puede quedar obligada a vender al mismo precio que una grande sin recibir mejores condiciones de compra, sin pagar menos comisión, sin resolver logística, sin tener más stock, sin acceder a promociones y sin ganar lectores nuevos.

El precio único puede proteger margen.

No necesariamente corrige asimetrías.

También hay problemas de técnica legislativa. El borrador repite el encabezado del artículo 4. Deja dentro del artículo 5 una referencia entre paréntesis a “texto original”. Usa categorías vagas como libros artísticos, calidad formal, libros de estudio o plataformas masivas. Deja sanciones sensibles, incluso clausura, libradas a la reglamentación. Y cuenta los dieciocho meses desde cada edición o importación, lo que podría volver el plazo muy elástico para libros importados que se reponen periódicamente.

No son detalles menores.

Una ley que fija precios y sanciona comercios necesita precisión. Si no, abre zonas grises: qué es una plataforma masiva, qué pasa con una web propia, qué diferencia hay entre venta por Instagram y venta por marketplace, cómo se prueba el incumplimiento, quién fiscaliza, qué margen tiene la autoridad, cómo se gradúa una multa, cuándo se clausura y con qué garantías.

En nombre del libro no conviene escribir malas leyes.

El precio único puede discutirse. No hay que convertirlo en tabú. Hay países que lo aplican, con historias, escalas, instituciones y mercados distintos. También hay estudios que lo defienden. Pero importar una restricción no equivale a construir una política del libro.

Una política del libro debería comprometerse con resultados verificables: más lectura, más acceso, más fondo disponible, más circulación territorial, más compras públicas inteligentes, más bibliotecas, más autores uruguayos leídos, más editoriales chicas visibles, más herramientas digitales comunes, más condiciones para que una librería no sea solo una caja registradora con estanterías.

Si el objetivo es salvar librerías, digámoslo.

Si el costo lo paga el lector que pierde descuentos, digámoslo.

Si se quiere favorecer el local físico sobre la venta digital, digámoslo.

Si el Estado va a controlar precios y sancionar comercios, digámoslo.

Lo que no corresponde es llamar bibliodiversidad a cualquier mecanismo que mantenga abierto un mostrador.

La bibliodiversidad no es una estantería con los mismos títulos en otra dirección. Es más catálogo, más circulación, más riesgo editorial, más acceso, más lectores, más caminos entre libros y personas.

Una ley del libro debería empezar por ahí.

No por encarecer el acceso efectivo y después confiar en que la diversidad aparezca sola.