Batlle y Ordóñez contra el algoritmo

Si Batlle y Ordóñez apareciera hoy en Montevideo, no preguntaría primero si la inteligencia artificial es inteligente.

Preguntaría quién la paga.

Quién la controla.

Quién trabaja para alimentarla.

Quién queda afuera.

Quién se queda con la productividad.

Y, sobre todo, qué puede hacer el Estado antes de que la respuesta ya venga escrita por otros.

Esa es la escena de esta ucronía. No un Batlle resucitado para sacarse una foto al lado de un robot. No una estatua con wifi. No un prócer arrastrado al presente para bendecir lo que uno ya pensaba. La pregunta es más útil si se formula de otro modo: ¿qué haría, en el siglo XXI, una política que en su momento entendió que la modernización no podía quedar abandonada al empresario fuerte, al patrón, al banco, al cura, al importador, al estanciero o al mercado mundial?

La pregunta no es si Batlle usaría ChatGPT.

La pregunta es si dejaría la IA en manos de quienes ya poseen los datos, las nubes, los modelos, las plataformas, los canales de distribución y el derecho práctico de decidir qué cuenta como eficiencia.

Mi impresión es que no.

La pregunta batllista no sería si la máquina piensa. Sería quién organiza la vida cuando la máquina empieza a decidir.

No volvería para inaugurar un museo

Hay una tentación fácil cuando se invoca a Batlle: convertirlo en museo.

El museo tiene ventajas. Ordena, limpia, protege. Permite decir “el batllismo” como si fuera una sala con vitrinas: jornada de ocho horas, divorcio, laicidad, empresas públicas, colegiado, legislación social, Estado fuerte. Todo queda ahí, bien iluminado, bajo una temperatura estable.

Pero Batlle no fue estable.

Fue, en su época, un productor de conflicto. Un político que empujó al Estado uruguayo hacia zonas donde el poder privado no quería que entrara. No solo administró instituciones existentes; intentó crear otras. Gobernó entre 1903 y 1907, y otra vez entre 1911 y 1915, en un país que todavía estaba saliendo de guerras civiles, caudillismos territoriales y fragilidad institucional.¹ El batllismo no fue una nostalgia de orden. Fue una modernización con programa.

Por eso traerlo al siglo XXI no debería servir para decir: “Batlle habría defendido tal cosa porque yo la defiendo”.

Debería servir para incomodar.

Si Batlle viviera hoy, probablemente no repetiría las instituciones batllistas como reliquias. No fundaría otra empresa pública solo porque la palabra “pública” suena bien. No defendería un Estado bobo, lento, decorativo, incapaz de entender aquello que pretende regular. Tampoco se limitaría a pedirle modales al mercado. La pregunta batllista no era: ¿cómo hacemos para que el poder privado sea un poco más amable?

La pregunta era más dura:

¿qué cosas no pueden quedar en manos privadas sin deformar la ciudadanía?

En 1915, una de esas cosas era el tiempo de trabajo.

En 2026, también.

Pero ahora el tiempo no se mide solo con reloj de fábrica. Se mide con métricas, notificaciones, reputación automática, productividad invisible, disponibilidad permanente, ranking de repartidores, evaluación por software, vigilancia de pantalla, objetivos semanales, correos fuera de hora, entrenamiento de modelos y extracción de datos.

El patrón ya no siempre usa sombrero.

A veces usa dashboard.

El batllismo fue una política de infraestructura social

Conviene decirlo sin bronce: el batllismo no inventó todos los derechos, no resolvió todas las desigualdades y no nació de una pureza moral perfecta. Tuvo límites de época, de clase, de género, de centralismo montevideano y de imaginación social. La ciudadanía que amplió no era todavía la ciudadanía plena que hoy deberíamos exigir.

Pero produjo algo decisivo: convirtió ciertas demandas sociales en arquitectura institucional.

Ese es el punto.

La ley de ocho horas, aprobada en noviembre de 1915, no fue simplemente una frase progresista. Fue una intervención sobre el cuerpo de la economía: puso un límite legal a la jornada, fijó un máximo donde antes mandaba la fuerza relativa de obreros y patrones, y dijo que el tiempo humano no podía quedar íntegramente dentro del contrato privado.²

La secularización no fue solo una pelea anticlerical. Fue una reorganización de la autoridad pública: matrimonio, escuela, cementerio, ciudadanía y Estado dejaron de depender de una tutela religiosa para pertenecer al orden civil. La Constitución de 1918 consagró la separación entre Iglesia y Estado, dentro de un proceso más amplio de laicización.³

El divorcio, incluyendo la reforma de 1913 que habilitó el divorcio por sola voluntad de la mujer, tocó una zona todavía más íntima: el poder dentro de la familia.⁴ No era una política laboral ni una empresa pública. Era la misma lógica aplicada en otro lugar: allí donde una autoridad heredada se presenta como natural, el Estado la vuelve discutible.

Las empresas públicas y los monopolios estatales en áreas estratégicas no fueron solo instrumentos económicos. Fueron una forma de soberanía material. Banco de Seguros del Estado, Usinas Eléctricas del Estado, expansión de servicios, control de sectores básicos: el batllismo miró la modernidad técnica como algo demasiado importante para dejarla únicamente al lucro privado.⁵

La educación, por su parte, no era adorno. Era fábrica de ciudadanía. No en el sentido pobre de “formar recursos humanos”, sino en un sentido más ambicioso: producir un país capaz de leerse, discutirse, imaginarse y gobernarse.

La sociedad batllista no fue solo un catálogo de medidas.

Fue una forma de ordenar la pregunta por la modernidad:

La operación batllista era esa: identificar una zona donde la sociedad moderna producía dependencia, desigualdad o arbitrariedad, y convertirla en problema público.

La IA es exactamente una de esas zonas.

La IA como nueva cuestión social

La inteligencia artificial no es una aplicación.

Es una capa de organización.

Entra en el trabajo, en el consumo, en la administración pública, en la escuela, en la medicina, en la seguridad, en la banca, en la producción cultural, en la atención al cliente, en la selección de personal, en la publicidad, en la traducción, en la escritura, en la logística y en la vigilancia. No siempre entra como robot visible. Muchas veces entra como recomendación, filtro, puntaje, predicción, resumen, alerta, ranking o automatización pequeña.

Por eso un Batlle del siglo XXI no la trataría como una novedad simpática para conferencias.

La trataría como infraestructura.

Y ahí cambia todo.

Cuando una tecnología se vuelve infraestructura, la pregunta moral ya no alcanza. No basta con decir que debe usarse “bien”. Hay que preguntar quién la gobierna, qué capacidades tiene el Estado, qué derecho tiene el ciudadano, qué transparencia exige el sistema, qué pasa si falla, quién audita, quién paga el costo social y quién captura la renta.

Uruguay ya tiene un punto de partida. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 habla de ética, derechos humanos, desarrollo de capacidades, gobernanza, datos, uso responsable y articulación pública.⁶ El informe de preparación de UNESCO para Uruguay, presentado en 2024, también ubica la IA como un asunto de infraestructura legal, educativa, tecnológica y social, no como una moda aislada.⁷

Eso es importante.

Pero una lectura batllista pediría ir un paso más lejos.

No se conformaría con una estrategia.

Preguntaría por la fuerza material de esa estrategia.

¿El Estado uruguayo puede auditar un sistema de IA que compra?

¿Puede exigir explicaciones técnicas sin depender del proveedor?

¿Tiene capacidad propia para evaluar sesgos, seguridad, impacto laboral, privacidad, calidad de datos y costo ambiental?

¿Puede negociar con plataformas globales sin comportarse como cliente menor?

¿Puede impedir que la escuela pública se transforme en mercado cautivo de soluciones educativas opacas?

¿Puede usar IA en salud, justicia o seguridad sin crear ciudadanos de primera y ciudadanos procesados por máquinas?

¿Puede saber cuándo una automatización ahorra tiempo y cuándo simplemente degrada el servicio?

La respuesta batllista no sería “prohibir la IA”.

Sería más incómoda:

si la IA va a organizar partes de la vida social, entonces el Estado tiene que entenderla, producir capacidades propias, regularla y disputar su sentido.

El batllismo no fue anti-moderno.

Fue anti-laissez-faire de la modernidad.

Ocho horas contra el algoritmo

La jornada de ocho horas es una de las mejores llaves para pensar a Batlle hoy.

No porque haya que repetir la misma consigna como estampita, sino porque la medida revela una filosofía política: el trabajo no puede tragarse toda la vida.

La fábrica del siglo XX necesitaba cuerpos durante cierta cantidad de horas. El algoritmo del siglo XXI necesita algo más ambiguo: atención, datos, disponibilidad, velocidad, reputación, conexión, respuesta inmediata, actualización permanente. El trabajador ya no siempre ficha entrada. A veces está “libre”, pero con el teléfono prendido. A veces es “independiente”, pero el precio, la ruta, la reputación, el acceso al cliente y la continuidad del ingreso dependen de una plataforma. A veces tiene contrato formal, pero su ritmo real lo fija un software de gestión.

La OIT advierte que la IA generativa no afecta solamente la cantidad de empleo, sino la calidad del trabajo, la distribución de tareas y la exposición diferencial de ocupaciones y países. Su análisis global insiste en una idea clave: buena parte del impacto será de aumento o transformación de tareas antes que de reemplazo total, pero eso no lo vuelve inocente.⁸

Si la automatización aumenta productividad pero no reduce jornada, no mejora salario, no democratiza conocimiento y no protege al trabajador, entonces no es progreso social.

Es captura.

El derecho social del siglo XXI empieza donde el reloj se mezcla con el tablero.

Un Batlle del siglo XXI probablemente miraría el trabajo algorítmico con la misma sospecha con que su época miró la jornada interminable: como una relación de poder disfrazada de contrato.

Y propondría algo así:

Primero, derecho a saber cuándo una decisión laboral fue tomada o condicionada por un sistema automatizado.

Segundo, derecho a explicación comprensible y a revisión humana real cuando un algoritmo asigna turnos, evalúa desempeño, sanciona, bloquea una cuenta o determina ingresos.

Tercero, negociación colectiva sobre sistemas de gestión algorítmica. No alcanza negociar salario si el ritmo, la disponibilidad y la evaluación están en el software.

Cuarto, derecho a desconexión efectivo, no decorativo. El descanso no puede depender de la buena voluntad del jefe ni del silencio improbable de la plataforma.

Quinto, reparto social de la productividad. Si la IA permite producir más con menos horas, la primera pregunta no debería ser cuántos puestos se eliminan, sino cuánta vida se devuelve.

Sexto, formación pagada dentro de la jornada. La adaptación tecnológica no puede convertirse en una deuda privada del trabajador.

Séptimo, presunción laboral fuerte para plataformas que organizan el trabajo aunque se disfracen de intermediarias.

La idea de fondo es simple:

la IA no puede ser una máquina para hacer retroceder el derecho laboral bajo vocabulario futurista.

Si el patrón se vuelve algoritmo, el derecho también tiene que aprender a leer código.

Los datos como servicio público

El batllismo entendió que ciertas infraestructuras no son neutrales.

Electricidad, seguros, crédito, comunicaciones, transporte, agua, educación: cuando esas capas quedan organizadas solo por rentabilidad privada, producen ciudadanía desigual. Uno no participa de la vida moderna del mismo modo si la infraestructura básica depende de precios, monopolios o arbitrariedades que no puede discutir.

En el siglo XXI, los datos son parte de esa infraestructura.

No porque haya que estatizar cada base de datos ni convertir toda información en expediente público. Al contrario: un batllismo democrático tendría que ser celoso de la privacidad, de la protección de datos personales y de los límites del Estado. Pero también tendría que entender que no hay IA seria sin datos, cómputo, talento, estándares, interoperabilidad, seguridad y capacidad de auditoría.

La pregunta es quién tiene todo eso.

Hoy buena parte de la inteligencia artificial depende de empresas que concentran nubes, modelos, chips, interfaces, repositorios, publicidad, sistemas operativos y canales de distribución. El viejo monopolio tenía forma de ferrocarril, puerto o usina. El nuevo monopolio puede tener forma de API.

No hace falta demonizarlo.

Alcanza con no ser ingenuos.

Un “batllismo de datos” no sería una oficina que sube documentos a la web y se felicita por la transparencia. Sería una política de infraestructura pública: datos de calidad donde corresponda, privacidad fuerte donde sea necesario, estándares abiertos, compras públicas exigentes, auditorías independientes, capacidad universitaria, repositorios nacionales, nube pública o regional para usos sensibles, y una regla básica: ningún sistema que afecte derechos debería ser una caja negra para el Estado.

La metáfora puede sonar exagerada, pero ayuda:

si UTE fue una forma de no dejar la electricidad como destino privado, una política pública de IA tendría que impedir que la capacidad de calcular, clasificar y predecir se vuelva una dependencia colonial de plataformas.

No se trata de fundar una “UTE de la IA” como eslogan.

Se trata de construir aquello que haría innecesario arrodillarse ante cada proveedor.

El Estado social del siglo XXI no se mide solo por edificios. También por la infraestructura invisible que decide quién accede, quién espera y quién queda afuera.

Hay una diferencia enorme entre usar IA pública y privatizar la inteligencia del Estado.

Usar IA pública puede significar mejores trámites, detección de fraudes, traducción accesible, apoyo a docentes, diagnóstico temprano, análisis de expedientes, búsqueda documental, servicios personalizados y ahorro de tiempo ciudadano.

Privatizar la inteligencia del Estado significa otra cosa: depender de sistemas que no se entienden, entregar datos sin soberanía, aceptar métricas ajenas, comprar humo, automatizar injusticias y llamar “innovación” a la pérdida de control democrático.

Batlle no habría rechazado la técnica.

Pero habría preguntado quién manda cuando la técnica entra al Estado.

Educación, no capacitación

La respuesta tecnocrática a la IA suele ser: capacitar.

Capacitar trabajadores.

Capacitar docentes.

Capacitar funcionarios.

Capacitar emprendedores.

No está mal. Pero es poco.

La capacitación enseña a usar una herramienta. La educación enseña a no arrodillarse ante ella.

Un Batlle del siglo XXI no reduciría la escuela a una academia de prompts. Tampoco dejaría a los gurúes tecnológicos convertir la educación pública en vitrina de software. La pregunta sería más antigua y más exigente: qué tipo de ciudadano necesita una democracia cuando una parte creciente de la realidad aparece mediada por sistemas que clasifican, recomiendan, resumen, traducen, corrigen y predicen.

Ahí las humanidades no son un lujo nostálgico.

Son defensa institucional.

Nussbaum sirve para recordar que una democracia necesita imaginación moral, capacidad crítica y comprensión de otras vidas, no solo productividad.⁹ Rodó, leído con distancia crítica, permite ubicar esa defensa en una tradición uruguaya que no quería entregar la formación al utilitarismo puro.¹⁰ C. P. Snow ayuda a no convertir esto en guerra entre letras y ciencia: el problema no es elegir entre cultura técnica y cultura humanística, sino impedir que la sociedad se parta entre quienes entienden las máquinas y quienes solo obedecen sus resultados.¹¹

La alfabetización algorítmica debería ser tan pública como la alfabetización letrada.

No para que todos programen igual.

Para que nadie quede reducido a usuario obediente.

Eso implica enseñar, desde temprano, al menos cinco cosas:

Cómo se producen los datos.

Cómo puede fallar una predicción.

Cómo se verifica una fuente.

Cómo se distingue asistencia de delegación.

Cómo se defiende una decisión humana frente a una recomendación automática.

La escuela pública batllista no fue solo un edificio con pizarrón. Fue una apuesta por producir ciudadanía moderna.

La escuela pública del siglo XXI no puede limitarse a repartir dispositivos ni a incorporar herramientas. Tiene que producir criterio frente a sistemas que simulan criterio.

Secularizar la plataforma

El batllismo secularizó parte de la vida pública.

Sacó zonas de la ciudadanía de una autoridad religiosa que se presentaba como natural. Eso no significaba que las personas dejaran de creer. Significaba que el Estado no podía organizar la vida civil como prolongación de una Iglesia.

El equivalente contemporáneo no es idéntico, pero existe.

Hoy muchas plataformas se presentan como si fueran ambiente natural. No parecen instituciones. Parecen mundo. Se habla, se compra, se aprende, se trabaja, se desea, se discute, se vota emocionalmente, se odia, se busca pareja, se lee, se publica, se cobra y se administra reputación dentro de arquitecturas privadas que casi nadie eligió de manera deliberada.

La plataforma no pide fe.

Pide uso.

Y el uso repetido termina pareciéndose demasiado a una autoridad.

Secularizar la plataforma no significa prohibirla. Significa recordarle que no es mundo: es una empresa, una arquitectura técnica, un modelo de negocios, una política de atención, una forma de ordenar visibilidad y una maquinaria de extracción de datos.

Un Batlle del siglo XXI no aceptaría que la infraestructura simbólica de la democracia quedara enteramente regulada por términos y condiciones.

Haría preguntas incómodas:

¿Qué pasa cuando el debate público depende de algoritmos privados de recomendación?

¿Qué pasa cuando la cultura nacional circula en plataformas que premian velocidad, indignación y repetición?

¿Qué pasa cuando una escuela, un ministerio o una biblioteca pública dependen de servicios cuya lógica profunda no controlan?

¿Qué pasa cuando el ciudadano puede apelar una multa estatal, pero no una sombra algorítmica que reduce su acceso a trabajo, crédito o visibilidad?

La laicidad del siglo XXI no sería solo separación entre Iglesia y Estado.

Sería separación entre ciudadanía y dogma de plataforma.

Un programa mínimo

Si hubiera que imaginar un programa batllista para la IA, no empezaría por una promesa grandilocuente.

Empezaría por capacidades.

El Estado no puede regular lo que no entiende. No puede comprar bien lo que no puede evaluar. No puede proteger derechos si cada sistema técnico le llega como misterio cerrado. No puede negociar con plataformas globales si toda su inteligencia técnica está tercerizada.

Un programa mínimo podría tener diez puntos:

1. Autoridad pública de IA con músculo técnico y control democrático. No una comisión decorativa. Un organismo capaz de auditar, publicar criterios, evaluar riesgos, coordinar compras, exigir documentación y comparecer ante el Parlamento.

2. Registro de algoritmos de alto impacto. Todo sistema usado por el Estado o por empresas en áreas sensibles —trabajo, salud, educación, crédito, seguridad, vivienda, beneficios sociales— debería estar documentado, con responsable identificable y evaluación de impacto.

3. Derechos laborales algorítmicos. Explicación, revisión humana, negociación colectiva, acceso sindical a información relevante, límites a vigilancia, desconexión y protección contra bloqueos automáticos.

4. Cláusula de productividad social. Cuando la automatización aumente productividad de manera significativa, el debate público debe incluir reducción de jornada, reconversión pagada, mejora salarial o financiamiento de seguridad social. La ganancia no puede ser el único destino de la eficiencia.

5. Infraestructura pública de datos y cómputo. No para competir ingenuamente con gigantes globales en todo, sino para asegurar independencia en áreas sensibles, investigación nacional, auditoría, educación y servicios públicos.

6. Compras públicas con caja abierta. Ningún contrato de IA que afecte derechos debería depender de secretos incompatibles con auditoría pública. Donde haya caja negra, tiene que haber límites fuertes.

7. Alfabetización algorítmica universal. Escuela, liceo, UTU, universidad, formación docente y capacitación de funcionarios, pero con humanidades y ciencia juntas. No solo uso de herramientas: comprensión crítica.

8. Protección de datos como derecho social. La privacidad no es capricho individual; es condición de ciudadanía. Un Estado fuerte sin límites puede volverse peligroso. Una empresa fuerte sin límites también.

9. Política cultural frente a plataformas. Archivos, bibliotecas, medios públicos, producción nacional, soberanía lingüística, preservación digital y acceso abierto donde corresponda. La cultura no puede depender solo del ranking.

10. Cooperación regional. Uruguay solo no puede torcer toda la economía global de la IA, pero puede construir alianzas latinoamericanas para estándares, compras, auditoría, investigación y defensa de derechos.

Nada de esto es anti-innovación.

Es lo contrario.

Es tomarse en serio la innovación.

Porque innovar no es comprar tecnología. Innovar es crear instituciones capaces de que una tecnología no destruya la igualdad que dice mejorar.

Lo que no haría

También hay que decir lo que Batlle no haría, o al menos lo que no deberíamos permitirle hacer en nuestra imaginación.

No deberíamos usarlo para justificar cualquier estatismo.

No todo Estado fuerte es Estado social. Un Estado puede ser grande y, sin embargo, torpe, opaco, clientelar, policial, capturado o inútil. El batllismo del siglo XXI tendría que ser más transparente que el del siglo XX, más sensible al género, más atento al trabajo de cuidados, más plural, más descentralizado, más consciente de minorías y más desconfiado de su propia capacidad de saberlo todo.

Tampoco deberíamos imaginarlo como enemigo de la empresa privada.

El problema batllista no era que existiera iniciativa privada. El problema era que ciertas formas de poder privado podían organizar la vida común sin responsabilidad pública suficiente. En el siglo XXI, una empresa uruguaya que desarrolla IA para salud, educación, agro, accesibilidad o gestión puede ser parte del proyecto. Pero no como soberana invisible. Como actor dentro de reglas.

No deberíamos imaginarlo como tecnócrata.

La IA puede producir una nueva clase de sacerdotes laicos: expertos que hablan en nombre del modelo, del dato, del benchmark, de la eficiencia. Un batllismo democrático tendría que escuchar a técnicos sin entregarles la política. La democracia no consiste en que todo el mundo entienda cada línea de código; consiste en que ninguna línea de código pueda cerrar una discusión sobre derechos.

Y no deberíamos imaginarlo como nostalgia.

La peor versión de esta ucronía sería un Batlle usado para repetir que antes había estadistas y ahora no. Ese lamento es cómodo, pero no piensa. La pregunta útil no es por qué el presente no está a la altura del bronce. La pregunta útil es qué conflicto actual exige una institución que todavía no existe.

Ahí Batlle vuelve a servir.

No como estatua.

Como método.

Donde el mercado dice “innovación”, preguntar por la ciudadanía.

Donde la empresa dice “eficiencia”, preguntar por el tiempo humano.

Donde la plataforma dice “neutralidad”, preguntar por el poder.

Donde el Estado dice “modernización”, preguntar por la auditoría.

Donde el algoritmo dice “probabilidad”, preguntar por el derecho.

La ucronía termina ahí.

No con Batlle sentado frente a una computadora, maravillado por una respuesta automática.

Termina con una pregunta que todavía incomoda:

¿qué parte de la modernidad vamos a convertir en derecho antes de que se convierta en destino?